Procuraduría sancionó con suspensión por 10 meses al exgobernador de Putumayo por irregularidades en un contrato por $1.200 millones

Escrito por el 5 octubre 2020

 La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por 10 meses al exgobernador de Putumayo, Julio Byron Viveros Chaves (2010 – 2011), por irregularidades en la celebración de una consultoría dirigida a estructurar y adoptar el procedimiento para la conmutación de la totalidad de las pensiones a cargo del departamento, por valor de $1.200 millones.  

El ente de control estableció que el exmandatario territorial desconoció principio de economía en la suscripción de la Resolución 1810 del 19 de octubre de 2011, que ordenó la apertura del proceso de Concurso de Méritos Abierto con Propuesta Técnica Simplificada No. OJD-CM-002-2011, sin advertir que no se había determinado en el pliego de condiciones definitivo, el alcance de las actividades a desarrollar, el cronograma de ejecución de la consultoría, información que era trascendental para la ejecución del contrato.  

Para la Procuraduría, al mandatario local le era exigible un comportamiento diligente, de control, que permitiera establecer falencias en el proceso y en la planeación “y no el actuar pasivo que desplegó imponiendo la firma, sin realizar alguna verificación”.

Así mismo, se determinó que el disciplinado puso en riesgo la función administrativa y expuso al departamento a un riesgo innecesario, en tanto, el proyecto que se pretendía desarrollar a través del concurso de méritos no se estructuró en debida forma, lo cual dificultó el seguimiento de la ejecución de la consultoría, al no existir parámetros técnicos para su medición.

Para la Procuraduría con el actuar omisivo del exgobernador se afectó la función pública y los principios de planeación, eficiencia y moralidad. 

Así mismo, se estableció que con la celebración del Contrato de Consultoría No. 552 de 2011 se pusieron en riesgo los recursos públicos con los que se financiaría el proyecto, dado que la cláusula cuarta reconocía pagos por el 80% del valor total del contrato dentro del primer mes de ejecución, correspondiente a un anticipo del 45% a la firma del acta de inicio y un 35% adicional dentro del mes siguiente, sin que, estos pagos tuvieran una contraprestación equitativa al monto cancelado (el avance de ejecución no alcanzaba el 2%). 

Además, el saldo del valor del contrato tampoco se encontraba atado al avance de la consultoría ni al cumplimiento de las obligaciones del consultor, sino exclusivamente al transcurso del tiempo, comportamiento con el cual Viveros Chaves desconoció el principio de responsabilidad de la contratación estatal. 

En fallo de primera instancia la Procuraduría calificó las faltas del exgobernador como gravísimas a título de culpa grave. 

Dado que a la fecha de la sanción el investigado ya no se desempeña como gobernador de Putumayo, la suspensión se convierte en salarios de acuerdo a lo devengado para la época de los hechos, es decir, $52´603.832.

Contra esta decisión de primera instancia procede recurso de apelación.

Fuente: www.procuraduria.gov.co


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